ARTÍCULO 36

Parte del dictamen se refiere al artículo 36 del Código Penal, que la defensa solicitó aplicar en el caso de Moisés y que limita la impunidad, solo a los delitos de homicidio o lesiones entre cónyuges, excónyuges, concubinos y exconcubinos, descendiente, y que la violencia intensa y prolongada debe haberla sufrido el autor, de parte de la víctima.

«Los más de diez años transcurridos y la condena anterior del padre obligan a examinar si persistía el sufrimiento crónico, si produjo intensa conmoción al momento del homicidio y qué protección se había obtenido. El paso del tiempo no excluye por sí solo el artículo 36, pero tampoco permite presumir sus requisitos. Matar de atrás o permanecer tres días en la casa deben valorarse junto con el resto de la prueba, sin convertirlos aisladamente en criterios decisivos», sostienen los magistrados en segunda instancia.

«La única amenaza potencial existente al momento de los hechos – reanudación del vínculo de Carlos Martínez con la madre del acusado – era perfectamente evitable mediante los medios de protección que prevé nuestro derecho; y probablemente hubieran resultado eficaces», agregan.

Los magistrados concluyen que «la acción del acusado se explica por la situación vivida durante su infancia y la de sus hermanas, por las agresiones sufridas por su madre, las cuales fueron revividas los días anteriores al hecho en las circunstancias expuestas supra y que desencadenaron la reacción de Carlos Moisés Martínez. Pero dicha reacción fue desmedida en comparación al riesgo menor existente en el momento del homicidio, por lo que aquella, a juicio del Tribunal, parece equipararse a la toma de justicia por propia mano».

«No es posible que un conflicto que fue trágico, duradero, dañino para muchas personas vulnerables, pero ya concluido, justifique quince años después una respuesta como la que adoptó el acusado. Se respeta el dolor de Carlos Moisés Martínez y de su familia, pero no puede admitirse que la salida a ese dolor sea la conducta más lesiva como lo es el homicidio, y además de su ascendiente. Las circunstancias que vivió el acusado pueden explicar su conducta, pero no justificarla ni motivarla legalmente, y tan solo pueden ser consideradas como fundamento para una individualización de pena razonable. El derecho exige, incluso a víctimas como el acusado y sus familiares, dirimir los conflictos conforme con la ley, y no autorizar indirectamente, mediante la desaplicación de las leyes o mediante una interpretación ultra extensiva de ellas, que tales conflictos sean solucionados fatal y privadamente por lo integrantes de la sociedad haciendo justicia por su cuenta, pero que al final del día se acerca más a la venganza que a la Justicia», reflexionan.

El artículo 268 del Código del Proceso Penal (CPP) establece que cuando una sentencia se confirme «en todo y sin discordancia» el fallo en primera instancia, no procederá la resolución del caso en tercera instancia, recurso de casación, ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).